Página/12
Por Horacio Verbitsky
Durante las audiencias impulsadas por el fiscal general Hugo Cañón en Bahía Blanca, una docena de sobrevivientes del campo clandestino de concentración La Escuelita indicaron que habían sido torturados por un oficial del Ejército que respondía al alias de Laucha, a quien identificaron en un álbum con las fotos de todo el personal militar que prestó servicios en aquella época en el Comando del Cuerpo V. Citado a declarar sin juramento de decir verdad, el teniente coronel Julián Corres dijo que era conocido como Laucha. Esos antecedentes fueron remitidos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyo titular, Ricardo Gil Lavedra, dijo al fiscal Cañón que el torturador sería pasado a retiro. Ese es el procedimiento que corresponde según recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero Brinzoni se opuso. “No condenemos a nadie antes de tiempo. Hasta tanto no se pronuncie la Justicia no existen motivos para pasarlo a retiro”, declaró al diario La Nueva Provincia. Esa frase es una meditada falacia: en ese expediente por averiguación de la verdad Corres está a salvo de cualquier castigo judicial. La semana pasada este diario verificó que esa Laucha sigue en actividad, en el Comando de Institutos Militares del Ejército.