Página/12
Por Horacio Verbitsky
Para las 5 de la mañana de hoy, que son las 10 de la mañana en Madrid, está prevista la presentación como testigo ante el juez Baltasar Garzón del primer alto funcionario del gobierno federal argentino que en vez de obstaculizar (como hicieron el presidente Menem y los ministros Di Tella y Granillo Ocampo con el decreto 111/98), colabora con la investigación sobre terrorismo de Estado y genocidio. El Fiscal General Hugo Cañón será interrogado por el juez español sobre las constancias de la causa nº 11/86 de la Cámara Federal de Bahía Blanca, en la que se investigaron los secuestros, torturas y asesinatos ocurridos en la Provincia de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, bajo control operacional del Cuerpo de Ejército V y aquellos producidos bajo jurisdicción de la Armada.
Cañón y la Cámara Federal de Bahía Blanca declararon la inconstitucionalidad de la ley de obediencia debida del ex presidente Raúl Alfonsín. En uno de esos casos, el de Laura Susana Martinelli, que estaba a disposición del Poder Ejecutivo pero apareció muerta en un “enfrentamiento” con fuerzas conjuntas, Cañón se pronunció también por la inconstitucionalidad del indulto del presidente Carlos Menem, la Cámara Federal de Bahía Blanca lo acompañó y la Corte Suprema de Justicia lo revocó. Otros de los casos de la causa de la Armada todavía están a resolución de la Corte Suprema, que la remitió en vista al Procurador General de la Nación en julio del año pasado. Pero ahora la Cámara Federal, a requerimiento de Cañón, solicitó la devolución de esas actuaciones porque ha decidido continuar los juicios hasta esclarecer el destino de los desaparecidos y el de los niños nacidos en cautiverio.
Sus actitudes le valieron presiones y represalias, igual que a Aníbal Ibarra, que fue el otro fiscal que se pronunció por la inconstitucionalidad del indulto. Cuando opinó por la inconstitucionalidad del Punto Final, Cañón fue apercibido por el Procurador Juan Gauna, con el indulto el secretario de Justicia César Arias ordenó sumariarlo y envió en su reemplazo a Bahía Blanca al fiscal de la Capital, Norberto Quantín, quien antes de descubrir los males de la corrupción era un militante ideológico de la ultraderecha prodictatorial pero también un obediente administrativista, como Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo. A raíz de su dictamen, Cañón fue citado por el entonces Procurador Oscar Alfredo Roger. “Me habían dicho que usted había dictaminado así porque tiene un hijo desaparecido”, comenzó el Procurador. “Le han informado mal”, respondió Cañón, cuyos hijos nacieron después de los hechos de la causa en la que dictaminó. Roger admitió la seriedad jurídica del dictamen, confesó que había sido designado en ese cargo por su amistad con Menem, dijo que la cuestión no era jurídica sino política y reflexionó sobre la necesidad de un Poder Judicial independiente formado por funcionarios fieles a sus convicciones como Cañón. Ante el asentimiento de Cañón, relativizó sus afirmaciones: “Eso sería lo ideal, pero en nuestro país no es posible”. Con gente como él, claro que no.
Cuando vuelva de China y termine de desempacar las compras, el Procurador General Nicolás Becerra deberá decidir si aprueba o sanciona la decisión de Cañón, quien no pidió permiso para cumplir con su deber. Por si Becerra no sabe con quien deberá tratar, vale la pena reproducir algunas líneas que llevan su firma y que están entre las más dignas escritas por el Poder Judicial en toda su historia. Su dictamen sobre la inconstitucionalidad del indulto se abre con una cita del escritor alemán Herman Hesse: “Es traición sacrificar el sentido de la verdad en aras de cualquier otro interés, incluso los de la Patria. Cuando en la lucha de intereses y consignas se pone la verdad en peligro de quedar tan desfigurada, desvalorizada y violentada como queda el individuo, entonces nuestra única obligación es oponernos y salvar la verdad, es decir el ansia de verdad, y erigirla en nuestro máximo artículo de fe”. Con el Cañón Hugo no se juega.
Memorias sobre el terrorismo de Estado en Bahía Blanca y Punta Alta. Trabajo colectivo de reconstrucción de la historia local del genocidio. Su objetivo es enfrentar al silencio cómplice con la difusión de la verdad y la exigencia de justicia.
lunes, 13 de diciembre de 1999
jueves, 2 de diciembre de 1999
Se podía
Página/12
Por Horacio Verbitsky
Hoy tienen más de 45 años. Pero cuando apenas había pasado los 23 ya eran hombres hechos y derechos. Pidieron prórroga para cumplir con el servicio militar mientras terminaban sus estudios de medicina, y luego de recibirse se incorporaron como aspirantes a oficiales de reserva del Ejército. Las Fuerzas Armadas acababan de tomar el poder por quinta vez en el siglo. Alberto Taranto fue destinado al hospital militar de BB y Daniel Osvaldo Fonti al cuerpo de sanidad del Comando del Cuerpo V.
Ambos vieron la casa rodeada de árboles, que todos llamaban “La Escuelita”. Estaba a dos mil metros del comando de Cuerpo y se podía acceder a ella desde adentro o desde afuera de las instalaciones militares. Nadie ignoraba que allí eran torturados los detenidos en aquellos procedimientos. Fonti era cardiólogo. Un día le ordenaron asistir a un parto. Se negó aduciendo que no era su especialidad. Pero Taranto era ginecólogo. Cuando lo convocaron dijo que su deber era asistir a los oficiales que pudieran ser heridos en los operativos legales y no a parturientas que no tenían por qué estar en ese lugar clandestino. A Fonti no le pasó nada, pero a Taranto la negativa le costó un castigo tremendo: el director del hospital, coronel Eduardo Mariné, le impuso realizar cinco días consecutivos de guardia.
Los testimonios de ambos médicos, escuchados esta semana en las audiencias del juicio de la verdad de la Cámara Federal de Bahía Blanca, son demostrativos de los márgenes de libertad que permitían negarse a realizar conductas ilegales o inmorales, aun bajo la autoridad militar en los peores momentos de la guerra sucia. Tampoco los oficiales eran forzados a actuar en contra de la legalidad y de sus convicciones, como lo demostró hace tres lustros el testimonio del capitán de fragata Jorge Búsico, quien objetó en la ESMA los métodos empleados. En su caso, el castigo fue apartarlo de los grupos operativos y, poco después, pasarlo a retiro con un pretexto cualquiera y excluirlo de las tertulias del Círculo Naval.
A casi un cuarto de siglo de los hechos, más de dos tercios de los diputados alzaron la mano para oponerse al juramento del ex dictador Antonio Domingo Bussi, autor del mismo tipo de delitos en que los médicos bahienses se negaron a participar. Para que nadie pudiera escudarse en disciplinas partidarias, los autores del proyecto habían solicitado que la votación fuera nominal. Pese a lo incomparable de las circunstancias, en un caso como en el otro la responsabilidad individual fue determinante de las conductas. El CELS había impugnado la candidatura del ex subcomisario Luis Patti a la gobernación de Buenos Aires, pero la justicia no lo aceptó. La APDH hizo lo mismo con la de Bussi, y la Cámara de Diputados cerró sus puertas en las narices del torturados. Aunque tardía, la reparación es significativa de un nuevo clima social.
Por Horacio Verbitsky
Hoy tienen más de 45 años. Pero cuando apenas había pasado los 23 ya eran hombres hechos y derechos. Pidieron prórroga para cumplir con el servicio militar mientras terminaban sus estudios de medicina, y luego de recibirse se incorporaron como aspirantes a oficiales de reserva del Ejército. Las Fuerzas Armadas acababan de tomar el poder por quinta vez en el siglo. Alberto Taranto fue destinado al hospital militar de BB y Daniel Osvaldo Fonti al cuerpo de sanidad del Comando del Cuerpo V.
Ambos vieron la casa rodeada de árboles, que todos llamaban “La Escuelita”. Estaba a dos mil metros del comando de Cuerpo y se podía acceder a ella desde adentro o desde afuera de las instalaciones militares. Nadie ignoraba que allí eran torturados los detenidos en aquellos procedimientos. Fonti era cardiólogo. Un día le ordenaron asistir a un parto. Se negó aduciendo que no era su especialidad. Pero Taranto era ginecólogo. Cuando lo convocaron dijo que su deber era asistir a los oficiales que pudieran ser heridos en los operativos legales y no a parturientas que no tenían por qué estar en ese lugar clandestino. A Fonti no le pasó nada, pero a Taranto la negativa le costó un castigo tremendo: el director del hospital, coronel Eduardo Mariné, le impuso realizar cinco días consecutivos de guardia.
Los testimonios de ambos médicos, escuchados esta semana en las audiencias del juicio de la verdad de la Cámara Federal de Bahía Blanca, son demostrativos de los márgenes de libertad que permitían negarse a realizar conductas ilegales o inmorales, aun bajo la autoridad militar en los peores momentos de la guerra sucia. Tampoco los oficiales eran forzados a actuar en contra de la legalidad y de sus convicciones, como lo demostró hace tres lustros el testimonio del capitán de fragata Jorge Búsico, quien objetó en la ESMA los métodos empleados. En su caso, el castigo fue apartarlo de los grupos operativos y, poco después, pasarlo a retiro con un pretexto cualquiera y excluirlo de las tertulias del Círculo Naval.
A casi un cuarto de siglo de los hechos, más de dos tercios de los diputados alzaron la mano para oponerse al juramento del ex dictador Antonio Domingo Bussi, autor del mismo tipo de delitos en que los médicos bahienses se negaron a participar. Para que nadie pudiera escudarse en disciplinas partidarias, los autores del proyecto habían solicitado que la votación fuera nominal. Pese a lo incomparable de las circunstancias, en un caso como en el otro la responsabilidad individual fue determinante de las conductas. El CELS había impugnado la candidatura del ex subcomisario Luis Patti a la gobernación de Buenos Aires, pero la justicia no lo aceptó. La APDH hizo lo mismo con la de Bussi, y la Cámara de Diputados cerró sus puertas en las narices del torturados. Aunque tardía, la reparación es significativa de un nuevo clima social.